martes, 15 de diciembre de 2015

LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978



LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución española de 1978 retira varios principios esenciales de la visión doctrinal de la Monarquía Constitucional: en primer lugar, somete las decisiones más importantes en materia de la provisión del puesto a la decisión de las Cortes Generales y, en segundo lugar, en lo que es la cuestión crucial de la relación entre el Jefe del Estado-Rey y el Gobierno, revierte y altera el sistema de la doble confianza, en el sentido de que bajo la Constitución de 1876 el Gobierno tenía que tener la confianza del Rey y de las Cortes. Mientras que la Constitución de 1978 se sitúa en un punto intermedio entre ésta y la Constitución sueca tras la última reforma de los años setenta, en el sentido de que al Rey se le van a reconocer unos poderes. Cuestión distinta es el grado de consenso sobre la efectividad y alcance de esos poderes. Va a desaparecer el concepto asociado a la idea de poder moderador a la Monarquía constitucional y al principio monárquico de que aquellos poderes que no están estrictamente mencionados en la Constitución pertenecen al Monarca. Estos principios de alteración de la doble confianza y de desaparición de la atribución a los poderes regios de aquellos poderes que no están estrictamente atribuidos a otros órganos como exigía el principio monárquico, configuran un modelo racionalizado de Monarquía Parlamentaria.


Los dos principales puntales de la Monarquía Parlamentaria, y concretamente del jefe del Estado como órgano y de su titular, son el principio de unidad y el principio democrático. El primero está consagrado en los Capítulos primero y segundo de la Constitución, que atribuye la soberanía nacional al pueblo español y que el interés general se supraordena a los intereses generales de las Comunidades Autónomas y de los otros entes territoriales. El principio democrático se consagra en el artículo 1 de la Constitución explícitamente, y se desarrolla a través de un sistema clásico de relación de poderes. La figura de la Corona, regulada en el Título II, artículos del 56 al 65, sirve tanto al principio de unidad como al principio democrático. “El Rey reina, pero no Gobierna”.

Funciones de la Corona en nuestro sistema político español

Como ya hemos reiterado con anterioridad, el Rey no tiene en nuestro sistema político poder político real. Por lo tanto, responde plenamente a la expresión “el Rey reina pero no gobierna”.

La Constitución Española de 1978 atribuye expresamente determinadas funciones al Jefe del Estado. Funciones tasadas que el Jefe del Estado no puede sobrepasar. Las funciones del Rey son, en primer lugar, simbólicas, de representación de España como entidad histórica y del Estado como entidad jurídica. Y simbólicas también, en el sentido de que carecen de un contenido efectivo de poder político. Sin embargo, convendría puntualizar, que en el caso español, la Corona no se identifica con el Estado, tal y como sucede por ejemplo en Gran Bretaña, donde la Corona es la encarnación jurídica del Estado. De esta suerte, los bienes y órganos del Estado pertenecen a la Corona o son de ella, aunque el Rey tenga sus propios bienes. Incluso, el Parlamento británico se denomina formalmente la Corona “reunida en Parlamento”. En el caso español, a pesar de esta carga simbólica, la Corona es una institución, un órgano del Estado, que tiene asignadas funciones propias, específicas y diferentes de los demás órganos del Estado.

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (artº. 56). Es símbolo de que el Estado es sólo uno, aunque los poderes del Estado sean más de uno; y símbolo de que el Estado permanece, por encima de los destinos del Rey particular.

En cuanto que símbolo del Estado, tiene funciones en las relaciones con otros Estados: asume la más alta representación de España en las relaciones internacionales (artº. 56), acredita a los embajadores y representantes de España en el extranjero y recibe la acreditación de los que representen a otros Estados ante España; en fin, expresa el consentimiento del Estado para suscribir Tratados internacionales
(artº. 63).

Estas funciones simbólicas también se manifiestan a nivel interno. Así, el Rey sanciona y promulga las leyes (artº. 62.a); convoca y disuelve las Cortes y convoca elecciones en los términos previstos en la Constitución (artº. 62.b) ; convoca a referéndum en los casos previstos en la Constitución (artº. 62.c) ; nombra y separa a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente (artº. 62.e) ; la justicia se administra en nombre de Rey, teniendo éste el derecho de gracia, es decir, el indulto, aunque parcial, que ejerce en la práctica el Gobierno (artº. 62.i). Por último, ostenta el patronazgo de las Reales Academias. Son todas ellas, funciones formales, que no ejerce en realidad el Rey, sino quién refrenda los actos del Rey.

¿Significa esto que al Monarca no le resta ninguna otra función con un mayor grado de libertad?

Aunque siempre sometidas a la Constitución, corresponde al Rey proponer al Congreso el candidato a Presidente de Gobierno (artº. 62.d). Es decir, una vez celebradas Elecciones Generales, el Rey llama a consultas a los representantes de todos los partidos políticos que hayan obtenido algún escaño; hasta el momento, estas consultas siempre han comenzado con el partido que menor número de diputados ha conseguido y han terminado con el que más tiene. Una vez realizadas las consultas, el Rey propone al Presidente del Congreso un candidato para Presidente del Gobierno.

Hasta ahora la dinámica política ha resuelto el “dilema real”, al adjudicar a un partido, o bien una mayoría parlamentaria sólida para investir a su candidato como Presidente del Gobierno, o ha cristalizado en un bloque de partidos que han apoyado la investidura del candidato de uno de los partidos más votados.

Si de las consultas no surgiera, sin embargo, un candidato con claras posibilidades de obtener la mayoría, el Rey debería proponer en primer lugar, al representante del partido con más diputados, para que éste intente formar Gobierno. Esta función del Rey, la de proponer candidato para la Presidencia del Gobierno, sí puede tener, pues, contenido material en caso de que no haya una mayoría clara, pues al Rey le cabe un margen de apreciación para determinar el candidato con más posibilidades de obtener la mayoría. Esta fórmula ya estaba presente en la Constitución de 1876, pero sólo en una oportunidad utilizó el Rey Alfonso XII esta facultad, y fue con ocasión de entregar el poder a los liberales en 1881, en vista de las vacilaciones del propio Cánovas del Castillo para aplicar su propia receta, y que sólo una vez también ejerció la Reina Regente María Cristina para relevar a Mateo Sagasta del Gobierno.

En segundo lugar, al Rey le corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas (artº. 62.h). Desde la perspectiva jurídico-constitucional más estricta, se trataría en este caso también de una función simbólica, pues es al Gobierno al que le corresponde dirigir la Administración militar, y la cúspide de la cadena de mando reside en el Presidente del Gobierno y en el Ministro de Defensa. Sin embargo, aquí los acontecimientos que marcaron nuestra transición política, y en especial, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ponen de manifiesto la importancia que para la consolidación de la democracia en nuestro país ha tenido esta atribución real, dado que ha permitido con su apoyo a las instituciones democráticas, dotarlas de una mayor legitimidad.

Por último, la Constitución señala que el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (artº. 56.1). Es en esta cláusula donde podrían ampararse aquéllos que demandan una mayor intervención regia en los asuntos públicos. Para ellos, esta expresión institucional significaría que el Rey debería actuar cuando las instituciones se bloquearan o estuvieran en crisis, o existiera el peligro de disgregación de la patria. Pero en realidad, si repasamos en detalle el contenido de las funciones que expresamente le atribuye la Constitución, en este caso, no estamos hablando de funciones del Jefe del Estado, sino más bien de la definición de la Jefatura del Estado. ¿Qué es pues moderar y arbitrar?. Dice García Morillo que estamos hablando entonces de lo que los británicos denominan: estar informado, aconsejar y estimular. Para ello, el Rey despacha habitualmente con el Presidente de Gobierno. La Constitución también señala que el Rey tiene la posibilidad, si así lo considera oportuno y a petición del Presidente del Gobierno, de asistir a las sesiones del Consejo de Ministros (artº. 62.g). Hasta ahora, la práctica ha consistido en la asistencia del Monarca al menos a un Consejo de Ministros anual, pero sin que en esa sesión se adopte decisión política alguna, pues ello supondría implicar al Rey en una concreta opción política.

Por lo tanto, aunque en un sentido jurídico estricto, el Rey carezca de poderes propios, eso no quiere decir que no tenga competencias. Tiene tantas competencias que sin la firma del Rey no nace la ley, ni un Tratado Internacional, ni un Decreto, ni se nombra al Presidente del Gobierno y a los Ministros, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, ni a las principales autoridades públicas. Como explicaremos en detalle a continuación, estas competencias del Rey se realizan a través de actos debidos, son pues, competencias-obligación más que competencias-facultad, salvo una: la propuesta de candidato a Presidente de Gobierno que, libremente, aunque consultando con las fuerzas políticas, tiene la capacidad de proponer: En todos los demás actos del Rey, éste actúa a propuesta de otro órgano: nombra los Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno, nombra Presidente del Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados, nombra Presidente del Consejo de Estado a propuesta del Consejo de Ministros, etc.

El Rey no es responsable, primero por ser Rey, y segundo porque el acto no procede originariamente de él, sino de un órgano del Estado que le ha dado forma y contenido al acto, y que el Rey ratifica de modo necesario. Eso es en última instancia, el significado de la Monarquía Parlamentaria.


“El Rey no puede equivocarse”: la irresponsabilidad regia y la figura del refrendo


El Rey no puede equivocarse. Frase recurrente en el sistema político británico y perfectamente aplicable al nuestro. Significa de hecho, que la ausencia de poderes políticos efectivos por parte del Rey tiene como consecuencia su irresponsabilidad Este rasgo constituye, junto a la sucesión hereditaria, una de las características principales de las Monarquías Parlamentarias actuales. Es decir, los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, u órganos distintos de los que emanen (artº. 64). Esto significa en última instancia, que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Frente a esta postura generalizada, y que se corresponde con una interpretación literal de la Constitución Española, que se ha venido a denominar mecanicista y automática, en la que el acto del refrendo es simplemente el que manda en la relación sometiendo la intervención regia a un mecanismo automático de sanción, nos vamos a encontrar con otras posibles interpretaciones. 

Para Herrero de Miñón, el acto regio y el acto refrendante formarían parte de un mismo acto complejo, que en función de la competencia atribuida, significaría un peso determinado en una u otra intervención. Mientras que Fernández Fontecha sostiene que aunque las competencias deben ser ejercidas a través del refrendo, lo cierto es que finalmente quién tiene la facultad de decidir si sanciona o designa es el Jefe del Estado. Frente a la postura de que los actos del Rey son actos debidos, es decir, actos a través de los cuales el Rey declara una voluntad ajena. Sin embargo, argumenta Fernández Fontecha, esta teoría a lo que conduce realmente es a extinguir los poderes atribuidos al Monarca por la Constitución, y a sujetar más que a ligar su voluntad a la del Gobierno. En todo caso, no es conforme ni con una interpretación originalista de la Constitución con arreglo al texto, ni conforme a la que denomina, una interpretación normativista que conforme a la literalidad de los Poderes. Y en este sentido, un argumento poderoso que permitiría sostener el carácter normativo de las disposiciones, es que la cláusula de reforma constitucional lo protege de la forma más enérgica. No son actos debidos puesto que permite un doble grado de control. Por un lado, existe un órgano del Estado de distinto método de elección, pero no menos democrático, en cuanto que su función es democrática, que recibe información y hace un examen previo del contenido del acto. Y en segundo lugar, existe la posibilidad de que en determinados casos y bajo su responsabilidad se pueda aplicar la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución en los casos de manifiestas irregularidades en el procedimiento.

El Monarca, en una Monarquía parlamentaria, no solamente tiene “potestas” (en el sentido, claro está, del ejercicio de actos debidos), sino también auctoritas. Por ello, el Monarca no sólo tiene competencias, sino también influencia. Así, Bagehot, en su libro sobre la Constitución inglesa, dice que al Monarca inglés le quedan tres grandes funciones: advertir, animar y ser consultado. Y mediante esas funciones, que no son competencias en sentido propio, su influencia sobre el Gobierno y sobre la vida pública es notable. Esa característica se ve acrecentada precisamente por la permanencia y la fuerte carga simbólica de la Monarquía. En el caso español, se trata de una doble influencia: una, derivada de la auctoritas personal, que es innegable que consiguió Don Juan Carlos de Borbón por su actuación en la transición política (en los procesos de negociación y consenso con todas las fuerzas políticas; en su actuación frente al intento de golpe de Estado en 1981, etc.). Y otra, la auctoritas institucional: porque la  Monarquía es sobre todo una institución permanente que regularmente se sucede a sí misma, una institución que es representativa, pero de una manera simbólica, dada la gran capacidad de la Monarquía para ser símbolo integrador de la diversidad territorial, social, cultural, ideológica, etc.


Estructura y organización de la Monarquía: el Estatuto personal del Rey 
y la Casa Real


La posición del Rey como Jefe del Estado y titular de la Corona le confiere algunos rasgos que le distinguen del resto de los ciudadanos: El primero de ellos es que el Rey es, en España, la única persona inviolable. Eso significa que no puede ser demandado, ni denunciado, ni querellado, ni citado como testigo ni, tampoco, detenido ni encarcelado. Para que se pudieran llevar a cabo estas actuaciones, previamente, habría de ser inhabilitado como Rey por las Cortes Generales. Esta circunstancia es una consecuencia lógica de su carácter como símbolo del Estado y de su reconocimiento constitucional. 

También los familiares más directos de Rey reciben un tratamiento especial. Cabría distinguir a estos efectos entre la Familia Real y la familia del Rey. La primera se circunscribiría exclusivamente a los parientes más próximos: su cónyuge, la Reina, sus ascendientes, sus hermanos y sus descendientes. Este núcleo constituye la Familia Real, mencionada en la Constitución, que recibe una protección jurídica especial. Mientras que el resto de los familiares del Rey no tienen relevancia constitucional ni protección jurídica especial. 

Otra característica importante de la Monarquía Parlamentaria actual, viene dada por la sucesión hereditaria. La línea hereditaria es la de los sucesores de Don Juan Carlos I ; dentro de esta línea se sigue, en primer lugar, el criterio de descendencia. Por tanto, son herederos, si los hay, como ahora sucede, los hijos del Rey. Si hay varios descendientes, el heredero es, en primer lugar, si lo hubiere, el varón; dentro del mismo sexo, se aplica el criterio de mayor edad. Aunque debe matizarse que rige también el principio de representación. Por tanto, si falleciera el heredero y éste tuviese descendencia, la sucesión seguiría esa línea. Si no hubiese descendencia, entrarían en juego las líneas colaterales, es decir, los hermanos (artº. 57.1)

La Constitución no limita en modo alguno el derecho del heredero a contraer matrimonio con quién libremente desee. Pero establece una cautela, que alcanza no sólo a éste sino a todas las personas con derecho a la sucesión. Esta cautela consiste en que el Rey o las Cortes Generales pueden prohibir tal matrimonio ; en ese caso, la decisión de esa persona significaría también su renuncia a los derechos sucesorios para sí y sus descendientes (artº. 57.4). La Constitución establece también, en caso de hacerse necesaria, las figuras jurídicas de la Regencia (artº. 59) y de la tutela (artº. 60).

Corresponde también al Rey el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa (artº. 65). La Casa Real es el organismo que, bajo la dependencia directa del Rey, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven de sus funciones como Jefe del Estado. También atiende a la organización y funcionamiento del régimen interior de la residencia de la Familia Real.

miércoles, 25 de febrero de 2015

EL PALACIO REAL DE MIRAMAR


El Palacio Real de Miramar en 
San Sebastián


El Palacio Real de Miramar desde la Bahía de La Concha










El origen del Palacio Real de Miramar se debe a las vacaciones de la Familia Real Española en el Siglo XIX cuando estaba de moda entre la alta sociedad tomar baños de ola en el Mar Cantábrico y la Reina Isabel II traslada a la corte en verano a San Sebastián. En 1885 la Reina consorte María Cristina de Habsburgo-Lorena enviudo del Rey Alfonso XII de España y en 1893 el vínculo de la realeza española con la capital guipuzcoana se estrecho aún más.

En 1888, encargó la construcción al arquitecto inglés Selden Wornum de una Real Casa de Campo en una extensa finca situada frente a la Bahía de La Concha comprada a los Condes de Moriana por 200.000 pesetas. La finca ha ido ampliandose con sucesivas adquisiciones. Es un palacio de estilo inglés con elementos neogóticos que contó con la ayuda del arquitecto donostiarra José Goikoa. Se utilizaron ladrillo y piedra arenisca con entramado de madera. Los jardines son obra de Pierre Ducasse.

El Palacio fue finalizado en 1893 y en 1920 se le añadió el Pabellón del Príncipe. Durante las obras el Palacio de Ayete, residencia de los Duques de Bailén sirvió de hogar a los monarcas españoles. 

El complejo se completo con caballerizas, casa de oficios y cocheras. En total el Palacio de Miramar y su parque abarcan una superficie de 34.136 metros cuadrados.

Bajo los jardines del palacio se habilito un falso tunel para el paso de la Compañía del Tranvía de San Sebastián y de la carretera. 

Algunas de sus estancias originales son el salón blanco, el salón de música, el salón de madera, el pétit salon, la biblioteca y el comedor real.

En 1929 la Reina Maria Cristina muere y su hijo Alfonso XIII hereda la propiedad que dos años más tarde es expropiada por la II República. En 1933 es cedida al Ayuntamiento de San Sebastián a cambio de que sus dependencias fueran a ser de uso educativo y cultural, y de uso veraniego para el Presidente de la República. El General Franco devolvió la propiedad a la Casa Real Española.

La Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena manifesto especial predilección por San Sebastián ya que la visitaba todos los veranos. En la época de la 'Belle Epoque' siendo popular entre la jet-set europea se empezaron a construir una serie de edificios majestuosos con un marcado estilo francés, se creó el Hotel Maria Cristina el favorito de la aristocracia española, el balneario de La Perla, se ensancho el Paseo de La Concha, ella inaguro el Gran Casino donde esta actualmente el consistorio donostiarra y la llegada del Teatro Victoria Eugenia. Sobre el río Urumea tiene un puente en su honor.  En 1926 se la nombro alcaldesa honoraria de la ciudad. El consistorio ocupo posicion preferente en su funeral en Madrid.

En el periodo 1950-1954 el rey Don Juan Carlos de Borbón con su hermano el Infante Alfonso dieron clases con un reducido claustro de profesores en un ambiente aperturista para la España de la época con compañeros de familias leales a la monarquía tras un pacto entre su padre y Franco para que estudiara en España lejos de Estoril.

En 1972 el Palacio de Miramar fue adquirido a Su Alteza Real Don Juan de Borbón y Battenberg, Conde de Barcelona por la Corporación Municipal de San Sebastián con un precio de 100 millones de pesetas.

Actualmente realiza los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, es la sede del centro superior de Música del País Vasco y da cabida a eventos del Festival de Cine de San Sebastián.

 


sábado, 3 de enero de 2015

El RETRATO EN LAS COLECCIONES REALES. DE JUAN DE FLANDES A ANTONIO LÓPEZ



          Joaquín Sorolla y Bastida, Alfonso XIII con uniforme de búsar en los jardines de La Granja
  (1907) 


Antonio López García, La Familia de Juan Carlos I, obra encargada por Patrimonio Nacional en 1994 y terminada en 2014, en donde se retrata a la familia del Rey Emérito.

                                       
Patrimonio Nacional y la Fundación Banco Santander organizan la primera gran exposición del reinado del rey Felipe VI. 'El Retrato en las Colecciones Reales' que se expondrá en la sala de exposiciones temporales del Palacio Real de Madrid hasta el 19 de abril del 2015.

Es una gran oportunidad para conocer el género pictórico del retrato en la monarquía española en los grandes maestros que han trabajado en cada uno de los reinados desde el siglo XV hasta nuestros días repartidos por todo el patrimonio cultural de la Corona española (palacios y monasterios reales), destacando el óleo sobre lienzo majestuoso de Felipe V a caballo de Louis-Michel Van Loo, retratos de la Familia Real de Francia, el Príncipe de ensueño de Salvador Dalí (colección privada de Juan Carlos I), los lienzos a Carlos IV y María Luisa de Parma con mantilla de Francisco de Goya, o las imágenes de Tiziano Vecellio y Antonio Moro para la Casa de Austria y la familia de Carlos III en Italia por Anton Raphael Mengs.  Sus comisarios son Carmen García-Frías y Javier Jordán de Urries.

Más información en: http://www.patrimonionacional.es/retratos/